El nombre de Fernando Beltrán, conocido empresario, concesionario del Gobierno de Baja California y promotor de box se encuentra ligado a empresas que son beneficiadas por la administración que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, de acuerdo con una investigación de la revista Zeta. Más allá de su amistad, que es de dominio público, una red de relaciones y sospechas aterrizan en el arresto del regidor del PAN Luis Torres, y once personas más, todos presuntamente ligados al empresario, sea por afinidad familiar o relaciones laborales.
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Por Inés García Ramos e Isaí Lara Bermúdez
Tijuana, 26 de diciembre (Zeta/SinEmbargo).– Al menos en los contratos de obras públicas que ha recopilado una investigación realizada por Zeta, más de mil 774 millones de pesos en obras públicas en Baja California, han sido o serán ejercidas por tres empresas (todas relacionadas entre sí) y vinculadas a Fernando Beltrán Rendón, concesionario del Gobierno del Estado y cercano amigo del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid y del secretario de Finanzas, Antonio Valladolid.
Para tener una referencia, esa cantidad es superior a la que ejercerá la Procuraduría General de Justicia del Estado en todo el año 2017 (mil 675 millones, uno de los ramos con mayor presupuesto).
Aunado a las inconformidades de empresarios de la construcción, señalando al gobierno del Estado como benefactor de la empresa URBACA que adquirió un contrato de más de 474 millones de pesos para un acueducto en Mexicali que abastecerá a una cervecería extranjera, la detención de un regidor panista colocó a Beltrán y sus relaciones en medio de la sospecha.
La detención de Luis Torres Santillán, regidor del PAN en Tijuana y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el pasado viernes 16 de diciembre en Estados Unidos se desprendió de una investigación de la DEA (Agencia Anti Drogas en el vecino país) y por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Sobre Luis Torres y otro grupo de tijuanenses, entre ellos la esposa y el hijo de Jorge Escalante Martínez, ex presidente de COPARMEX (2012-2014) y nombrado presidente del Comité Directivo del Museo El Trompo, pesan varios cargos por de lavado de dinero, delitos que se definen como las operaciones ilegales con dinero de procedencia ilícita para que simulen actividades legales y sean reconocidas por el sistema financiero.
La investigación en Estados Unidos que tiene tras las rejas al menos a siete personas, incluyendo al regidor, persigue a cinco personas más residentes de Tijuana. Sin embargo, es Luis Torres Santillán quien aparece como el principal indiciado al tener diez cargos estatales (no se descarta que puedan sumársele más y que también sean federales) por lavado de dinero.
La relación entre Torres y Beltrán no solo es su parentesco por estar casados con hermanas.
Un documento en manos de Zeta, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) del Estado da cuenta que en 2011 Luis Torres Santillán fue nombrado apoderado legal de Fernando Beltrán Rendón.
De acuerdo con el documento registrado en la partida 5767987, quedó registrado ante la Notaría Pública Número de 18 Tijuana, que Fernando Beltrán Rendón otorga a Torres Santillán, ex consejero de Coparmex, “poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio”.
En el ámbito empresarial y político es conocido que el regidor detenido es el operador financiero del promotor de box, que hoy se sabe, está ligado, a través de otra sociedad, a empresas con mayores montos asignados por el Gobierno de Kiko Vega.
LA CONCESIÓN DE BELTRÁN POR 30 AÑOS
De entrada, Fernando Beltrán es concesionario del Gobierno del Estado desde que Francisco Vega tomó el poder a inicios del 2014. El promotor de box tiene la concesión por 30 años para operar la “Vía Corta Tijuana-Tecate”, es decir, el ferrocarril entre ambas ciudades con un proyecto de crecimiento para el cruce hacia Estados Unidos.
De hecho, en septiembre de 2014, comenzaron las obras de modernización y rehabilitación del ferrocarril entre Tijuana y Tecate. Fue un recurso federal que el gobierno estatal consiguió y adjudicó de manera directa (sin licitar públicamente) a la empresa Baja California Railroad (BJRR), propiedad de Fernando Beltrán.
Se trató de 200 millones de pesos para que la empresa de Beltrán aplicara para la rehabilitación de la “línea del desierto”, 40 kilómetros de vía que tocan la frontera con Estados Unidos.
EL SOCIO DE BELTRÁN
Según la partida 5048721 del Registro Público de la Propiedad, realizada el 17 de febrero del 2015, Fernando Beltrán Rendón y Víctor Ismael Llamas Galván se convirtieron en socios el 30 de diciembre del 2014 en una enorme inversión inmobiliaria en Valle de Las Palmas.
En aquel rumbo ambos se hicieron dueños de más de un millón 200 mil 60 metros cuadrados (120.64 hectáreas) por un monto de 12 millones 607 mil pesos.
La relación entre ambos empresarios no acaba ahí. Además de que constructores locales ligan verbalmente a Fernando Beltrán y a Urbanización y Riego de Baja California (URBACA) con Constructora Makro, estas empresas han sido encabezadas por los socios Ariel Gutiérrez Castro, integrante de Makro y Víctor Ismael Llamas Galván, integrante de URBACA.
Tanto Gutiérrez Castro como Llamas Galván quedaron registrados como consejeros y apoderados legales de la empresa Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V. en septiembre de 2006. A su vez, Administradora de Obras y Concesiones es filial de Constructora Makro.
Por si fuera poco, URBACA es accionista de la compañía UR México, también conocida como UR Obras y Servicios. La empresa de Víctor Ismael Llamas Galván posee el 55 por ciento de las acciones, con un valor de 550 mil pesos, el resto lo tiene la empresa medición y Control para Aguas de América.
Ahora bien, UR Obras y Servicios, Constructora Makro y URBACA han conseguido contratos en Baja California por un total de mil 774 millones 311 mil 124 pesos, entre 2014 y 2016.
En específico, UR Obras y Servicios se ha hecho acreedora de los trabajos de emergencia de pluvial colapsado en El Refugio por un monto de 2 millones de pesos, adjudicada el 15 de julio de 2016, así como de la construcción del bulevar Lázaro Cárdenas en Mexicali por más de 39 millones de pesos en 2014, ambas a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE).
Por su parte, Constructora Makro consiguió los contratos para cuatro obras más, con valores entre los 76 millones y los 663 millones de pesos.
Actualmente se encuentran construyendo el Nodo Vial entre la Avenida 20 de Noviembre y la Prolongación Paseo de los Héroes, así como del puente vehicular Aeropuerto-Bellas Artes en Tijuana.
En el pasado se han encargado del acueducto Tijuana-La Misión Ensenada y de la reparación de la autopista Tijuana-Ensenada.
Mientras que URBACA, de acuerdo con documentos del Presupuesto de Egresos 2017 del Gobierno del Estado, podría recibir hasta 550 millones de pesos (considerando impuestos y otros cargos) por la construcción del Acueducto Villahermosa-Mexicali, licitación que recibió el 30 de noviembre de 2016.
LA AMISTAD CON EL GOBERNADOR Y EL ALCALDE
La relación entre concesionario y gobierno, ha trascendido a la vida personal de Fernando Beltrán, el gobernador, Francisco Vega y Antonio Valladolid, secretario de Finanzas. Es público cómo Beltrán ha organizado eventos boxísticos para recaudación para causas de “altruismo” de Brenda Ruacho, presidenta del patronato DIF y esposa del gobernador.
Además de ser el promotor de Jackie Nava, campeona de box y diputada por el Partido Acción Nacional. En el 2015, cuando Nava fue candidata, las lecturas políticas siempre apuntaron a la relación estrecha entre el gobernador, Valladolid y Beltrán.
No es secreto. A Beltrán y al gobernador se les ha visto y vídeo-grabado en funciones de box. Vega de Lamadrid acompañado de su señora esposa, del Secretario General de Gobierno, del alcalde de Tijuana y otros funcionarios de primer nivel de extracción panista.
El mismo 20 de diciembre, tras darse la noticia de la detención, Juan Manuel Gastélum, definió a Luis Torres como un hombre “extraordinario” y de una trayectoria intachable. Respecto a Beltrán admitió que se trataba de su amigo, a quien conoce desde hace muchos años, pero negó que Beltrán haya financiado su campaña.
DETENIDOS LIGADOS A BELTRÁN
Miembros del empresariado de Tijuana, confirmaron a Zeta que los doce detenidos están ligados a Fernando Beltrán Rendón, el concesionario del gobierno de Francisco Vega, ya sea por parentesco o relación laboral.
Una de las cabezas más claras es David Javier Espinoza Kyriakides, quien trabajó en la promotora de box Zanfer, propiedad de Fernando Beltrán y su hermano Cástulo Antonio, según información extraoficial proporcionada a este Semanario.
David Javier Espinoza Kyriakides, detenido desde el 16 de diciembre por cinco cargos de lavado de dinero en San Diego, es propietario de casas de cambio en la ciudad, entre ellas Olympia del Mar en el fraccionamiento El Soler de Tijuana.
Según documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), el empresario de 47 años de edad quedó inscrito como socio de Olymar, S.A. de C.V. –razón social de la empresa– junto a tres de sus hermanos y sus padres en 1998.
A su vez, Espinoza Kyriakides se encuentra casado con la también detenida Claudia Ramírez, nieta del fallecido Jesús Fimbres Moreno, prominente empresario de la ciudad.
Claudia Ramírez se encuentra en el Centro de Detención Las Colinas en Santee, California desde el 16 de diciembre. La mujer enfrenta cinco cargos por lavado de dinero y la Fiscalía pidió una fianza de cinco millones de dólares para que enfrente el proceso en libertad.
No solo la pareja se encuentra en prisión, también su hijo David Alejandro Espinoza, de 22 años de edad. Al joven, detenido el martes 19 de diciembre y preso en la Cárcel Central de San Diego, se le fijó una fianza de 3 millones de dólares y enfrenta solamente un cargo por lavado de dinero.
Otro de los que fueron señalados como empleados de Zanfer y que figura en la acusación es Rafael Lizárraga, de 63 años de edad.
Miembros de la familia de Jorge Escalante Martínez, ex presidente de Coparmex en Tijuana, forman parte de la acusación. Se trata de su esposa Karla Verana Lamas de Escalante y de su hijo mayor, Jorge Carlos Escalante, de 22 años de edad.
Ambos fueron detenidos el martes 19 de noviembre y cada uno enfrenta tres cargos por lavado de dinero, por lo que se les fijaron fianzas individuales de un millón de dólares.
Entre el resto de los acusados se encuentran Marco Díaz Ochoa, de 34 años de edad, Liza Ampudia, de 44 años de edad; Karla Espinoza Camacho, de 23 años de edad, así como los también detenidos Sofía Espinoza de 22 años de edad y Mario Rodríguez Rivera, de 51 años de edad.
UN MENSAJE PARA FUNCIONARIOS DE BC: FISCALÍA
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La Fiscalía de San Diego precisó que la investigación por lavado de dinero, que tomó casi un año e involucró a autoridades federales, estatales y locales “continúa abierta y hay más personas involucradas”.
Si bien un agente de la dependencia estatal, quien pidió no ser identificado, detalló que es común ver casos de lavado de dinero en la frontera, enfatizó que el regidor panista enfrenta diez delitos mayores –conocidos como felonías en Estados Unidos– que podrían llevarlo a enfrentar hasta 15 años de prisión.
“Podrían presentarse más cargos, depende de lo que arroje la investigación que sigue en curso. La fianza que pedimos es de 5 millones de dólares porque cuando un acusado no es residente de San Diego, con frecuencia, pedimos una fianza elevada por sospechas o información que la persona, tal vez no se presente en audiencia futuras”.
Tampoco descartó que este caso pueda ser atraído por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, “es un caso muy complejo que involucran a personas de ambos lados de la frontera, pero en este tipo de programas tenemos la cooperación y colaboración de autoridades mexicanas, ya sea de nivel estatal o federal”.
Si bien precisó que no se trata de la primera ocasión en que esta Fiscalía presenta cargos penales contra un funcionario público de México, sí habló de un mensaje para el resto de los funcionarios públicos
“Para la Fiscalía de San Diego, cualquier persona involucrada en un delito, no importa de qué lado de la frontera o qué puesto ocupen, va a ser tratada igual que a cualquier ciudadano”, dijo.
Añadió “con las personas en puestos de confianza, funcionarios o servidores públicos involucrados en una actividad ilegal, vamos a ser firmes y agresivos en mandar un mensaje a la ciudadanía en ambos lados de la frontera, que esta Fiscalía nunca va a tolerar que un servidor público tome ventaja de su puesto para no representar a la ciudadanía como debe de ser”.
LOS OTROS ASOCIADOS
En el documento Términos de Referencia, Ejecución y Construcción del Acueducto Villahermosa-Mexicali, elaborado por la Comisión Estatal del Agua, se establece como antecedente de la obra que el “Gobierno de Baja California ha promovido la instalación de la importante industria cervecera Compañía Cervecera B.C. en Mexicali”.
Sin embargo, detalla que precisamente porque “el principal requerimiento para este tipo de industria es sin duda la disponibilidad de agua…la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua de Baja California está procediendo a construir un acueducto para el abastecimiento de agua potable a la industria antes mencionada”.
Bajo esta premisa, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid elaboró los requerimientos del acueducto de 47.5 kilómetros que abastecerá 15 millones cúbicos de agua anuales a la empresa extranjera Constellation Brands o Compañía Cervecera de Baja California, nombre con el que se establecerá en la capital de la entidad.
Pero lo hizo, como denunció la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a modo con especificaciones de tubería que solo URBACA puede cumplir y desarrollando un proyecto ejecutivo que requería más de diez meses de investigación en un plazo de dos meses.
Sin embargo, de acuerdo con el acta de fallo de la obra, fechada el 30 de noviembre de 2016, no lo hizo solo. Urbanización y Riego Baja California, presentó la propuesta ganadora asociado con Urbanizadora Roma y Urbanizadora Goar.
Aunque el costo se estimó en 447 millones 790 mil 891 pesos, las tres empresas aumentaron el valor de la obra a 452 millones 848 mil 41 pesos, sin incluir IVA.
Entre 2014 y 2016, el Gobierno del Estado, principalmente a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha otorgado 155 millones 370 mil 321 pesos a Urbanizadora Roma y Urbanizaciones Goar.
De acuerdo con registros oficiales consultados por Zeta, ambas empresas –individualmente– han recibido 21 contratos a través de licitaciones públicas o invitaciones, entre los importantes figuran la conclusión de la Presa Las Auras en Tecate, la primera parte de CEART en Playas de Rosarito, la construcción del Centro de Justicia Alternativa penal en Ensenada, así como trabajos de pavimentación, rehabilitaciones de acueductos y tuberías.
Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, Urbanizaciones Goar quedó constituida en 1999 con los accionistas Héctor Raúl González Arias y José Luis González Corona.
Mientras que Urbanizadora Roma tiene como socios a Martín Valadez Martínez, Laura Pérez Ramos, Esther Castro Borbolla y Juana Gómez Rocha, en una sociedad conformada, al igual que la compañía anterior, en 1999.
La razón por la que integrantes de la CMIC en Mexicali no participaron en esta licitación, fue precisamente porque, como lo denunciaron en cartas, desconfiaron de la falta de transparencia y de legitimidad en el proceso ganado por el socio de Fernando Beltrán Rendón.
